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Por Pladesemapesga (todos los documentos oficiales, resoluciones, inadmisiones descargables al final de este artículo )
La administración pública debería ser el reflejo de la voluntad ciudadana, un espacio neutral donde prevalezcan los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Sin embargo, en Galicia —y más concretamente bajo la sombra alargada del Partido Popular— asistimos a una situación que roza lo inadmisible: instituciones clave como la Valedora do Pobo, la Comisión de Transparencia y la recién creada Oficina de Protección al Informante contra la Corrupción parecen haber sido convertidas en herramientas para blindar intereses políticos en lugar de garantizar derechos ciudadanos.
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La Adrada, Ávila – 2024
El juez Juan Carlos Peinado, conocido por su papel en investigaciones de alto perfil como el caso Begoña —en el que se investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español—, enfrenta ahora atención pública por otro asunto: su vivienda en el municipio abulense de La Adrada. Este chalé, construido hace casi dos décadas, ha permanecido en el limbo urbanístico durante años, desafiando las normativas locales y generando críticas sobre posibles privilegios.
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En un momento crucial para la vida política española, las televisiones autonómicas están siendo testigo y protagonista de una batalla institucional que pone en entredicho uno de los pilares fundamentales de la democracia: la independencia de los medios públicos. Bajo el mandato del Partido Popular (PP) en varias comunidades autónomas, se han sucedido una serie de movimientos que evidencian una clara estrategia de control ideológico de los canales regionales, con el objetivo explícito de convertirlos en herramientas de promoción partidista y contrapeso mediático frente al Gobierno central. Seguir leyendo..+
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La justicia, como pilar fundamental del Estado democrático, debe construirse sobre principios de independencia, imparcialidad y, por encima de todo, transparencia . Sin embargo, en España, el sistema judicial muestra una serie de privilegios y opacidades que ponen en entredicho su legitimidad ante los ciudadanos. Dos cuestiones clave están en el centro del debate: el aforamiento selectivo y la falta de obligaciones de rendición de cuentas patrimoniales de los jueces. Mientras políticos y altos cargos son sometidos a controles de transparencia cada vez más exigentes, los miembros del Poder Judicial permanecen en la sombra, blindados por un estatus que, lejos de garantizar la imparcialidad, fomenta la desconfianza ciudadana. Seguir leyendo..+
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15 de mayo de 2025 | A Coruña, Galicia (España) “La ley es igual para todos”, reza el artículo 9.3 de la Constitución Española. Pero ¿es esto realmente cierto en la práctica? ¿Bajo qué condiciones se aplica esta premisa en nuestro país cuando los poderosos se enfrentan a situaciones de ilegalidad flagrante?, pero veamos el caso Miguel Delgado.
Una reciente serie de documentos oficiales y actuaciones administrativas provenientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra y la Fiscalía de dicha provincia, ponen de manifiesto una grave contradicción entre lo que establece la normativa y lo que sucede sobre el terreno. En concreto, las acciones de Alberto Núñez Feijóo , líder del Partido Popular y ex presidente de la Xunta de Galicia, junto con su pareja sentimental, Eva Cárdenas Botas , han sido denunciadas por el periodista y activista ambiental Miguel Ángel Delgado González , presidente de PLADESEMAPESGA (Plataforma en Defensa del Sector Marítimo-Pesquero de Galicia)...Seguir leyendo.+
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