La justicia, como pilar fundamental del Estado democrático, debe construirse sobre principios de independencia, imparcialidad y, por encima de todo, transparencia . Sin embargo, en España, el sistema judicial muestra una serie de privilegios y opacidades que ponen en entredicho su legitimidad ante los ciudadanos. Dos cuestiones clave están en el centro del debate: el aforamiento selectivo y la falta de obligaciones de rendición de cuentas patrimoniales de los jueces. Mientras políticos y altos cargos son sometidos a controles de transparencia cada vez más exigentes, los miembros del Poder Judicial permanecen en la sombra, blindados por un estatus que, lejos de garantizar la imparcialidad, fomenta la desconfianza ciudadana. Seguir leyendo..+