La Adrada, Ávila – 2024
El juez Juan Carlos Peinado, conocido por su papel en investigaciones de alto perfil como el caso Begoña —en el que se investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español—, enfrenta ahora atención pública por otro asunto: su vivienda en el municipio abulense de La Adrada. Este chalé, construido hace casi dos décadas, ha permanecido en el limbo urbanístico durante años, desafiando las normativas locales y generando críticas sobre posibles privilegios.
Una Vivienda en el Ojo del Huracán
El inmueble, ubicado en una parcela de 2.990 metros cuadrados y con una superficie construida de 858 metros cuadrados, fue levantado bajo una licencia otorgada en 2004 que nunca llegó a cumplirse plenamente. Entre los requisitos pendientes estaba la conexión a la red municipal de evacuación de aguas residuales, un punto clave para garantizar la legalidad del edificio. Sin embargo, no fue sino hasta junio de 2024 cuando el Ayuntamiento de La Adrada, gobernado actualmente por el Partido Popular (PP), dio luz verde a este paso crucial.
Este permiso parece haber sido el primer movimiento oficial hacia la regularización del chalé, aunque persisten dudas sobre otros elementos esenciales, como la obtención de la licencia de primera ocupación o la legalización de una piscina cuya construcción fue inicialmente denegada en 2022, pero finalmente autorizada meses después por el gobierno local.
Fiscalía Cierra el Caso por Prescripción
Ante las irregularidades detectadas, la Fiscalía Provincial de Ávila archivó recientemente una investigación relacionada con presuntos delitos urbanísticos en torno al inmueble. Su argumento principal: la prescripción de los hechos. Según el decreto fiscal, los gobiernos municipales de los últimos 12 años —tanto del PSOE como del PP— no contaban con “conocimiento efectivo” de las ilegalidades presentes en la tramitación de la licencia original ni en la falta de supervisión posterior.
Sin embargo, esta decisión ha generado controversia entre activistas locales y vecinos. Fernando Jabonero, ciudadano que interpuso una denuncia ante la Fiscalía, señala que el silencio administrativo del Ayuntamiento podría constituir un delito de prevaricación. “El Ayuntamiento tiene la obligación de actuar si hay irregularidades. No hacerlo es cómplice”, asegura.
Amistades Políticas y Acusaciones Cruzadas
Más allá del tema urbanístico, el caso también ha sacado a relucir conexiones personales entre el juez y figuras políticas relevantes. Fuentes cercanas al municipio señalan que Peinado mantiene una “amistad de toda la vida” con Sebastián González, ex-tesorero nacional del Partido Popular durante la etapa de Pablo Casado. Esta relación, no confirmada directamente por el juez, añade una capa de sospecha sobre posibles influencias externas en el proceso de legalización del chalé.
Por otro lado, exalcaldes del PSOE han señalado responsabilidades cruzadas en la gestión del caso. Juan José Tomás, exalcalde socialista e inhabilitado por prevaricación en el pasado, asegura que la licencia de obras de 2004 fue concedida condicionada a un plan de desarrollo que nunca se ejecutó. Mientras tanto, Roberto Aparicio, expresidente local del PSOE y hoy líder de Nuestra Tierra, acusa al PP de no haber actuado durante años para corregir la situación.
Preguntas Sin Respuesta
A pesar de los avances legales en el expediente municipal, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Se ha conectado ya el chalé a la red de saneamiento? ¿Ha obtenido la licencia de ocupación? ¿Se ha realizado la inspección técnica necesaria? Ni el Ayuntamiento ni el propio juez han querido responder públicamente a estas cuestiones.
El TSJM, a través de sus canales institucionales, informó que el juez Peinado declinó realizar comentarios sobre el caso. Tampoco quiso confirmar ni negar la existencia de una amistad con Sebastián González.
Conclusión
El chalé del juez Peinado representa más que un caso de urbanismo irregular; es un espejo de cómo ciertos privilegios pueden distorsionar la aplicación uniforme de la ley. En un contexto político convulso, marcado por escándalos de corrupción y tensiones internas en los partidos, este caso sigue generando sombras sobre la transparencia y la igualdad ante la ley en uno de los municipios más pequeños de Castilla y León.
Mientras el chalé sobrevive al escrutinio público, el debate sobre quién realmente está por encima de la ley continúa abierto.
