Por Pladesemapesga (todos los documentos oficiales, resoluciones, inadmisiones descargables al final de este artículo )
La administración pública debería ser el reflejo de la voluntad ciudadana, un espacio neutral donde prevalezcan los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Sin embargo, en Galicia —y más concretamente bajo la sombra alargada del Partido Popular— asistimos a una situación que roza lo inadmisible: instituciones clave como la Valedora do Pobo, la Comisión de Transparencia y la recién creada Oficina de Protección al Informante contra la Corrupción parecen haber sido convertidas en herramientas para blindar intereses políticos en lugar de garantizar derechos ciudadanos.
El caso más reciente y paradigmático es el de María Dolores Fernández Galiño , ex-magistrada, ex-valedora y actual responsable de Valedora do Pobo, CTG, La actual Valedora do Pobo, que es la presidenta de la Oficina del Informe del Parlamento de Galicia, es María Dolores Fernández Galiño, unas instituciónes que deberían ejercer funciones fiscalizadoras, pero que, según los hechos, actúan como un escudo institucional. Su resolución de inadmisión total de nuestro expediente —sobre presuntos delitos vinculados a altos cargos del PP gallego— no solo se niega a entrar en el fondo del asunto, sino que remite directamente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), cuya composición nos lleva a preguntarnos si existe alguna posibilidad real de justicia imparcial.
Y no lo decimos por simple sospecha. El entorno judicial del TSXG está teñido de vínculos familiares y profesionales entre magistrados en activo No se evaluó públicamente posible conflicto de interés , pese a los múltiples vínculos académicos y profesionales entre Ron Latas y José Fernando Lousada Arochena,
magistrado y el esposo de la Valedora. ¿Es esto casualidad o parte de un diseño sistemático? Sea como fuere, este hecho genera una legítima desconfianza en cualquier ciudadano que intente hacer valer sus derechos frente al poder establecido.
Pero las dudas van mucho más allá. En nuestra solicitud formal de información sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en nombramientos institucionales, obtuvimos una respuesta que, lejos de aclarar, confirma nuestros temores. El informe emitido por la Secretaría Xeral de la Valedora do Pobo reconoce que el nombramiento de Ricardo Pedro Ron Latas como Subdirector Xeral de la Oficina do Informante fue realizado al amparo de normativa vigente, pero omite deliberadamente aspectos esenciales:
- No se solicitó ni se emitió declaración formal de compatibilidad.
- No se presentó documentación ante la Comisión de Transparencia de Galicia.
- No se evaluó públicamente posible conflicto de interés derivado de los múltiples vínculos académicos y profesionales entre Ron Latas y José Fernando Lousada Arochena , magistrado del TSXG y esposo de la exvaledora.
Este silencio no es inocuo. Es una forma de ocultar lo evidente: que detrás de la apariencia de legalidad se esconde una grave vulneración del espíritu de las leyes. La Ley 40/2015 establece claramente que debe abstenerse quien tenga relaciones “afectivas”, “de afinidad política” o incluso “participación en actividades académicas conjuntas”. Aunque técnicamente Ron Latas no esté vinculado directamente con la valedora, sí lo está con su marido. ¿Acaso no basta para generar una percepción de sesgo?
Y esto no acaba aquí. La prolongación del mandato de la valedora más allá del plazo legal de cinco años —bajo la excusa de "funciones"— es otra muestra de cómo se manipulan los huecos legales para mantener el control. Durante ese periodo “interino”, se realizaron nombramientos estratégicos, sin mecanismos de control externo y sin precedentes claros sobre su límite temporal. Este vacío institucional no solo es inquietante; es profundamente antidemocrático.
Todo este entramado se agrava cuando intentamos obtener información sobre inversiones públicas, especialmente aquellas financiadas con fondos europeos. Pedir transparencia en España ya es un acto heroico. Aquí, todo parece diseñado para impedirnos saber dónde van a parar los dineros públicos . Y en Galicia, con proyectos como la rehabilitación de viviendas en la calle Maestro Clavé de A Coruña —vinculados a nombres tan conocidos como Eva Cadena y Alberto Núñez Feijoo—, la puerta se cierra de golpe con una inadmisión total que nos remite... otra vez al TSXG.
¿De verdad creemos que podemos obtener justicia en estas circunstancias? ¿Vale la pena invertir tiempo y recursos en un sistema que, desde sus entrañas, parece diseñado para proteger a quienes deben ser investigados?
Desde Pladesemapesga, no queremos caer en el pesimismo derrotista, pero tampoco podemos fingir que no vemos lo evidente: hay una estructura de poder que se sostiene mutuamente, que se protege y que utiliza la letra fría de la ley para tapar el calor de la corrupción y la opacidad. Las instituciones están siendo utilizadas como trampas para ahogar la voz ciudadana.
Como dirían muchos en el ámbito popular: “Es lo que hay” … y probablemente lo que vendrá, mientras la sociedad siga otorgando su voto a la continuidad de este modelo. Pero también sabemos que, aunque choquemos con la realidad, no vamos a dejar de golpear esa pared. Porque cada golpe es un recordatorio de que no aceptamos la impunidad como moneda de cambio.
Pladesemapesga | Asociación por la Defensa de los Derechos Ciudadanos
Santiago de Compostela, 2025
