El embalse de As Conchas, situado en la provincia de Ourense (Galicia), enfrenta graves problemas de contaminación debido al crecimiento descontrolado de explotaciones industriales de ganadería porcina y aviar en las últimas dos décadas. Según datos recientes, en 2023 había casi dos millones de cabezas de ganado en la comarca de A Limia, lo que ha generado una producción masiva de purines y residuos ganaderos que no pueden ser absorbidos por los terrenos locales.

Esta situación ha provocado dos tipos principales de contaminación:

1. Contaminación por nitratos : Los niveles excesivos de nitratos han hecho que el agua subterránea y superficial sea insegura para el consumo humano, afectando especialmente a comunidades rurales. Los estudios muestran que más de la mitad de los pozos analizados superan los límites legales de nitratos, con muchos triplicando estos valores.
2. Proliferación de cianobacterias y bacterias fecales : En el embalse, se han detectado especies de cianobacterias productoras de toxinas dañinas para el hígado y el sistema nervioso, así como bacterias fecales resistentes a antibióticos. Esto ha convertido al embalse en uno de los más contaminados de Europa por carga orgánica.

Los efectos sobre la salud son preocupantes. La exposición crónica a nitratos está asociada con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer (tiroides, mama, estómago, entre otros) y enfermedades como la metahemoglobinemia. Además, las toxinas de las cianobacterias pueden causar problemas hepáticos, gastrointestinales y respiratorios.

Este problema ambiental también afecta los derechos humanos fundamentales de los residentes, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la vida privada y familiar, y el acceso a agua potable limpia. Las autoridades públicas, como la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, han sido acusadas de incumplir sus obligaciones legales y constitucionales al no tomar medidas efectivas para abordar esta crisis.

Los demandantes, apoyados por organizaciones como Amigas de la Tierra, CECU y ClientEarth, buscan que se reconozca la vulneración de sus derechos y que las administraciones implementen medidas urgentes para detener la contaminación y garantizar agua segura para la población. Este caso podría sentar un precedente legal importante en España y Europa sobre la responsabilidad de las autoridades en la protección de los ciudadanos frente a la contaminación industrial.