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La corrupción política, ese monstruo de mil cabezas, parece haberse enquistado en los cimientos de la administración pública durante los 11 años de gobierno del Partido Popular en Galicia, liderado por Alberto Núñez Feijóo. En este panorama destaca un nombre que simboliza la controversia y la impunidad: María del Mar Sánchez Sierra, asesora de confianza de Feijóo y protagonista de innumerables denuncias, investigaciones y señalamientos documentados, siendo muchas las figuras públicas que afirman que detrás de los ataques a Pedro Sanchez y su mujer,Begoña Gómez esta la mano malévola de María del Mar. Su figura encarna una red de corrupción que parece impenetrable, alimentada por un sistema que, lejos de sancionarla, la protege y castiga a quienes se atreven a cuestionarla.
En el panorama político gallego, el nombre de María del Mar Sánchez Sierra resuena como un símbolo de la corrupción institucionalizada y la connivencia entre el poder político y judicial. Durante los 11 años de gobierno del Partido Popular en Galicia bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, Sánchez Sierra ha acumulado un historial que no solo desata indignación, sino que cuestiona la solidez del Estado de Derecho. En lugar de ser investigada, esta asesora parece operar bajo un manto de protección judicial y política, mientras quienes denuncian sus presuntas irregularidades son perseguidos.
Un sistema judicial al servicio del poder
El caso de los juzgados de Santiago de Compostela es especialmente alarmante. Las decisiones en los casos que implican a Sánchez Sierra están plagadas de resoluciones que bordean lo inverosímil, como el literal “no se le dé parte al Ministerio Fiscal”. Este tipo de actuaciones evidencian una justicia que, lejos de garantizar equidad, se muestra dócil ante los poderosos. La inadmisión de pruebas documentales ( en la Sala de lo Penal de Santiago) que buscan investigar sus declaraciones patrimoniales o los bloqueos sistemáticos a denuncias sobre falsificación de documentos públicos son ejemplos flagrantes de cómo el sistema judicial ha dejado de ser un árbitro imparcial para convertirse en un escudo para la impunidad.
Presuntos delitos: un catálogo de irregularidades
La lista de acusaciones con documentos públicos y privados en grandes dossiers contra Sánchez Sierra no es breve. A lo largo de más de una década, su gestión ha estado vinculada a:
- Enriquecimiento ilícito: Se sospecha que ha canalizado fondos públicos y privados a sus cuentas personales, como los donativos anónimos destinados a la lucha contra el COVID-19 que terminaron en su cuenta en Abanca.
- Blanqueo de capitales: Manejo irregular de fondos a través de entidades como la Fundación Cela, ya señalada en múltiples informes.
- Violaciones a la libertad de expresión: Resoluciones judiciales en su contra han confirmado que atentó contra derechos fundamentales, incluidas sentencias que condenan sus intentos de censura y persecución judicial a periodistas críticos.
- Falsificación de documentos públicos: Declaraciones patrimoniales que presentan incongruencias y omisiones notables, lo que apunta a un intento deliberado de ocultar sus movimientos financieros.
La persecución del periodismo: el caso de Miguel Delgado
Uno de los capítulos más oscuros de esta saga es la persecución a Miguel Delgado, director de XornalGalicia.com. Por denunciar estas irregularidades, Delgado fue condenado por "dañar el honor" de Sánchez Sierra. Este caso se torna aún más indignante al compararlo con la absolución de Rafael Millán Calenti, quien fue acusado de crear una web ilegal a nombre de la Federación de Kárate de Galicia. En este último caso, los juzgados de Santiago se ampararon en excusas absurdas, como culpar a “duendes informáticos” para exculpar a di funionarios ambiantados en acosar jduicialamente bajo amenzas de tener el pleno control en Santiago, llegando a copiar y pegar como acusacion, la Fiscal Fuencisla de Cegama la querella del Abogado de María del Mar para confirmar la persecución judicial de periodista. Esta doble vara de medir demuestra cómo el sistema judicial se alinea para proteger a los aliados del poder y castigar a los críticos.
Un sistema que ahoga la disidencia
La connivencia entre el poder político y judicial ha tenido un efecto devastador en la libertad de expresión y en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Amenazas, acoso judicial y hostigamiento forense son herramientas utilizadas para silenciar a quienes exigen rendición de cuentas. Mientras tanto, los ciudadanos quedan indefensos ante un aparato que parece diseñado para perpetuar la injusticia.
El impacto social y emocional de la injusticia en Galicia liderando el ámbito Nacional y Europea donde se ha perdido la ética y la dignidad.
La corrupción no es solo un problema administrativo; afecta directamente a la sociedad. Las emociones de ira, frustración y vulnerabilidad se acumulan en la población, provocando un deterioro en la salud mental y alimentando un clima de desconfianza y desesperanza. La amígdala, esa pequeña pero poderosa parte del cerebro encargada de procesar nuestras respuestas emocionales, se activa constantemente ante la percepción de injusticia. Este estrés continuo erosiona la cohesión social y convierte al ciudadano común en enemigo del sistema que debería protegerlo.
La necesidad de una respuesta colectiva- www.redporlajusticia.es
Ante un panorama tan desolador, es imprescindible que la ciudadanía adopte un papel activo en la lucha contra la corrupción. Aunque el sistema esté diseñado para silenciar y castigar a los disidentes, el poder de la palabra, la movilización social y la denuncia pública siguen siendo herramientas fundamentales. Casos como el de Sánchez Sierra no solo ponen en evidencia a los responsables directos, sino también la complicidad de un sistema que ha fallado a sus ciudadanos.
Un grito por la justicia
María del Mar Sánchez Sierra se ha convertido en el rostro de un sistema que privilegia a los poderosos y desampara a los vulnerables. Sus presuntas irregularidades, lejos de ser investigadas con rigor, han sido cubiertas con un manto de impunidad que refleja la degradación de nuestras instituciones alcanzando a todo el ámbito instucional. Es urgente que se revierta esta situación, no solo por el daño específico que pueda causar, sino porque la corrupción y la injusticia son cánceres que destruyen el tejido social.
La ciudadanía, los medios y las organizaciones independientes tienen el deber de exigir un cambio. El silencio y la resignación de todo el Congreso de los Diputados donde se mezclan, complices, encubridores, victimas, no son opciones cuando el precio es la democracia misma, Europa lo sabe y considera España como el paraiso fiscal de la impunidad ante la Corrupción y la falta de libertad.
