En Galicia, la justicia parece haberse convertido en un juego de poder donde los derechos fundamentales son monedas de cambio. Este artículo desnuda un caso emblemático de corrupción institucional y abuso legal protagonizado por Jesús Alonso Álvarez , abogado de Mar Sánchez Sierra (asesora de Alberto Núñez Feijóo), quien presuntamente ha orquestado una campaña de acoso judicial contra el periodista Miguel Delgado . A través de querellas absurdas, conflictos de intereses flagrantes y una connivencia sistémica entre jueces, fiscales y colegios profesionales, Alonso Álvarez habría transformado el derecho en un arma para silenciar críticas y proteger a sus clientes políticos.

1. La Maquinaria de Silencio: Acoso Judicial como Estrategia Política

El periodista Miguel Delgado , autor de investigaciones sobre casos de corrupción en Galicia y Asturias, enfrenta más de 20 causas judiciales impulsadas por Jesús Alonso Álvarez , un abogado cuya cartera de clientes incluye a figuras clave vinculadas al PP gallego y asturiano. Entre las tácticas utilizadas:

• Querellas múltiples y repetitivas : A pesar de ser absuelto en 17 ocasiones por calumnias, Alonso continúa presentando nuevas demandas, una estrategia conocida como "acumulación procesal" para generar agotamiento económico y psicológico.
• Medidas cautelares exorbitantes : Solicitudes de análisis forenses sobre artículos periodísticos, fotocopias de miles de páginas del periódico Xornal Galicia (acumulando pilas de papel de 8 cm de altura) y deducciones de testimonio que violan el Artículo 117 de la Constitución , que garantiza la independencia judicial.
• Amenazas en sede judicial : Testigos afirman que Alonso, en los pasillos del Juzgado de Santiago, advirtió a Delgado: "Por mí puedes morirte aquí mismo" , en clara violación del Código Penal (Art. 172) sobre amenazas.

Estas acciones no buscan justicia, sino neutralizar a un periodista que denunció irregularidades en proyectos como el Asturbarómetro , un sondeo de opinión pública financiado con fondos municipales de Gijón y vinculado a clientes de Alonso.

2. El Código Deontológico Como Papel Mojado: Una Profesión Traicionada

El comportamiento de Alonso Álvarez presuntamente incumple de forma sistemática el Código Deontológico de la Abogacía Española , revelando una crisis ética sin precedentes:

• Artículo 7 (Lealtad profesional) : Prohibición de captación desleal. Sin embargo, Alonso representa a más de 20 clientes con el mismo domicilio en Santiago , incluyendo a altos cargos de la Xunta y empresas públicas.
• Artículo 12 (Conflictos de intereses) : Su intervención en causas relacionadas con el caso Caja Cantabria (donde el presidente José María Pérez Álvarez fue imputado por estafa) y su uso de información obtenida en procesos anteriores contra Delgado violan el principio de independencia.
• Artículo 13 (Trato cortés a la parte contraria) : Testigos clave en sus querellas tienen vínculos directos con sus clientes, como Fuentes Losada , secretario de Sanidad, quien ocultó el historial médico de Delgado durante un tratamiento oncológico.

Además, decenas de abogados de oficio nombrados para defender a Delgado han renunciado alegando "insoportabilidad" o "bajas médicas" , sin que el Colegio de Abogados de Santiago (ICAN) haya abierto expedientes disciplinarios, pese a las denuncias archivadas.

3. La Colusión entre Poder Judicial y Político: Un Sistema Viciado

El caso revela una red de conexiones que entrelaza a jueces, fiscales y políticos en torno a los intereses de Alonso Álvarez:

• Fiscales cómplices : Funcionarios del Ministerio Público han copiado textualmente los escritos de querella del abogado, incluyendo acusaciones por hechos ya prescritos, en clara violación del Principio de Legalidad Procesal .
• Testigos con doble vida : El marido de una jueza de instrucción fue contratado por un cliente de Alonso para defender intereses contrarios a la Comisión de Transparencia de Galicia , mientras otro testigo administra una web ilegal creada por la empresa FGK, vinculada al abogado.
• Jueces cómplices : A pesar de las recusaciones presentadas por Delgado, los juzgados han aceptado testigos con conflictos de interés, ignorando el Artículo 24 de la Constitución sobre el derecho a un tribunal imparcial.

Este entramado refleja un sistema judicial que prioriza la protección de los poderosos sobre la justicia real.

4. El Caso Asturbarómetro: Un Negocio de Corrupción Disfrazado de Investigación

El escándalo del Asturbarómetro , un sondeo encargado por el Ayuntamiento de Gijón al PP asturiano, es clave para entender el modus operandi de Alonso Álvarez:

• Financiación opaca : Según documentos públicos, el proyecto usó fondos municipales para contratar a empresas vinculadas a clientes del abogado, incluyendo a Mar Sánchez Sierra .
• Persecución al denunciante : Cuando Delgado investigó las irregularidades, Alonso presentó una querella penal por calumnias, mientras sus clientes denegaban sistemáticamente la transparencia de los datos.
• Uso cruzado de información : Los mismos hechos denunciados en Gijón fueron utilizados por Alonso en procesos civiles en A Coruña, violando el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos .

Este caso no es un error del sistema: es su funcionamiento estándar.

5. La Crisis del ICAN: Cómplices por Omisión

El Ilustre Colegio de Abogados de Santiago ha sido señalado por su pasividad ante las denuncias por faltas deontológicas contra Alonso. Mientras instituciones como el Consejo General de la Abogacía Española han sancionado casos similares (como el de Mario Conde Conde , condenado por delitos económicos en Banesto), el ICAN ha archivado sistemáticamente las quejas, incluso cuando afectan a la credibilidad de la justicia gallega.

Esta inacción refleja una estructura corporativa que protege a sus miembros por encima de la ética, como denunció el informe de Transparency International España en 2021: "La falta de independencia de los colegios de abogados es un obstáculo para combatir la corrupción institucional" (ver informe completo ).

6. Hacia los Tribunales Europeos: Una Última Esperanza

Ante la impunidad en España, Delgado prepara una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) , argumentando violaciones al Artículo 10 (libertad de expresión) y Artículo 6 (juicio justo) de la Convención Europea de Derechos Humanos . La estrategia busca demostrar cómo el sistema judicial español ha sido instrumentalizado para perseguir a periodistas críticos, en línea con casos como el de Daphne Caruana Galizia en Malta.

Paralelamente, se investiga si Alonso Álvarez ha utilizado su posición para beneficiar a clientes políticos, en posible violación del Convenio de Estrasburgo contra la Corrupción .

Conclusión: La Justicia como Mercancía

El caso de Jesús Alonso Álvarez no es aislado: es el síntoma de un sistema donde la justicia se compra, se vende y se arma como arma política. Mientras instituciones como el ICAN miran hacia otro lado, la libertad de expresión y la dignidad profesional se ven pisoteadas.

Como escribió George Orwell : "En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario" . En Galicia, Miguel Delgado y otros periodistas lo saben bien. La pregunta es: ¿hasta cuándo permitiremos que el derecho sea un negocio?

Fuentes adicionales:

• Sentencia de Mario Conde y Arturo Romaní: El Mundo - Banesto
• Informe de Transparency International España: Transparency International
• Documentos del caso Asturbarómetro: [Juzgado de Gijón]
• Convenio de Estrasburgo contra la Corrupción: GRECO

Este artículo forma parte de la serie "Abogados que construyen imperios sobre la justicia", una investigación criminológica en curso.