En un momento en que los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades de los gobernantes ocupan el centro del debate público, resulta pertinente destacar las declaraciones recientes de la asesora de Alberto Nuñez Feijóo, líder del Partido Popular. En sus afirmaciones, parece entremezclarse una visión personal sobre el papel del Estado con un desconocimiento, voluntario o involuntario, de las garantías democráticas que deben prevalecer en cualquier sistema de derecho.

El fundamento de cualquier democracia consolidada radica en la obligación del Estado y de sus instituciones de velar por los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Esto incluye, de manera prioritaria, recordar y hacer cumplir esos derechos cuando las circunstancias lo requieran. Es aquí donde se observa un posible punto de tensión en las palabras de la asesora de Feijóo, que parecen relegar esta responsabilidad a un segundo plano.  

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El rol del Estado y la Justicia

El Estado no es un ente abstracto desvinculado de las necesidades y demandas de la sociedad. Es el garante de los derechos y libertades de los individuos que lo conforman. Esto se traduce en una acción activa por parte de las instituciones: informar, educar y recordar a los ciudadanos y administrados las protecciones que tienen bajo la ley.

La justicia, por su parte, no solo está para sancionar o resolver conflictos legales, sino también para garantizar que nadie, independientemente de su posición o influencia, quede desprotegido ante posibles abusos o desconocimiento de sus derechos. Esta función didáctica es, en muchos casos, la primera línea de defensa en una democracia.

El contexto de las declaraciones

Aunque las palabras de la asesora no fueron reproducidas en su totalidad, lo que trascendió sugiere una visión restringida del papel del Estado y la Justicia. En el contexto de un debate político polarizado, este tipo de declaraciones generan preocupación, ya que podrían interpretarse como una postura que minimiza el deber de las instituciones de garantizar los derechos de los ciudadanos de manera proactiva.

Históricamente, en España y en otros países democráticos, la falta de un recordatorio constante de los derechos ciudadanos ha llevado a abusos y desigualdades. Por esta razón, el deber pedagógico de las instituciones no es opcional, sino imprescindible para fortalecer el tejido social y político.

El impacto en los ciudadanos y administrados

Cuando un ciudadano desconoce sus derechos, queda expuesto a posibles vulneraciones. Esto es especialmente relevante en un país como España, donde la burocracia y la complejidad legal pueden ser abrumadoras para muchos. En este sentido, el recordatorio constante de estos derechos no es solo un deber legal, sino también un acto de justicia social.

Más allá de las palabras de la asesora de Feijóo, este episodio invita a una reflexión más amplia sobre cómo los responsables políticos y sus equipos entienden el papel del Estado y la Justicia. La función pública no es solo administrar recursos o implementar políticas; también es garantizar que cada ciudadano sepa que sus derechos están protegidos y respaldados por el sistema.

Conclusión

El Estado y la Justicia tienen la obligación moral y legal de ser los primeros en recordar y defender los derechos de los ciudadanos. Cualquier posicionamiento que sugiera lo contrario representa un retroceso en las conquistas democráticas y un riesgo para la cohesión social. En un momento de retos y polarización, el recordatorio constante de estos principios fundamentales es más necesario que nunca.