La creación de la Comisión del Informante en la Valedora do Pobo de Galicia, presentada como un paso hacia la transparencia, está siendo criticada como una estrategia para perpetuar la corrupción y proteger a los poderosos. Lo que podría ser un instrumento clave para erradicar prácticas ilícitas, parece diseñado como una pantalla para reforzar la opacidad y garantizar la impunidad de los políticos vinculados al Partido Popular (PP). 

Las cloacas de los 11 años de Feijóo: censura y corrupción bajo la lupa

Tras más de una década de gestión al frente de la Xunta de Galicia, las cloacas del gobierno de Alberto Núñez Feijóo comienzan a salir a la luz. Escándalos de corrupción, falsas comisiones, bulos de  falsa democracia, falsos derechos de la Constitución, adjudicaciones millonarias a familiares y redes clientelares se enfrentan ahora al escrutinio público, pese al férreo control mediático impuesto por su asesora personal, María del Mar Sánchez Sierra.

Galicia se pregunta 2 años después cuales son los resultados de la Comisión de Control de Fondos Next Generatión ordenada por Feijóo

La censura y el manejo de la información, clave en su estrategia de gobierno, están siendo desafiados por investigaciones independientes y ciudadanos que exigen rendición de cuentas. De nada van a servir falsas Comisiones en la Valedora do Pobo, Consello de contas y Facenda, todas ellas destinadas como filtros para ofrecer impunidad.

ANTECEDENTES (https://archive.is/C5z5T) .- La Sección de Prevención de la Corrupción del Consello de Contas: Un ente opaco sin resultados visibles

La Sección de Prevención de la Corrupción del Consello de Contas de Galicia, cuyos cargos son designados por el PP, fue creada con grandes promesas de transparencia y rendición de cuentas.Desde su puesta en marcha en 2015 y la aprobación de sus normas en 2017, no ha hecho pública una sola investigación o expediente abierto en siete años. Este vacío de resultados contrasta de manera flagrante con la creación del nuevo chiringuito de la Comisión del Informante en la Valedora do Pobo, lo que plantea serias dudas sobre la utilidad real de ambas entidades. Más que herramientas de control, parecen diseñadas para simular un compromiso contra la corrupción mientras perpetúan la opacidad.

¿Transparencia o simple maniobra política?

La iniciativa es señalada como una burla a la ciudadanía y a los principios de una democracia que aspira a la rendición de cuentas. En lugar de facilitar denuncias efectivas, la comisión podría funcionar como un "filtro" para canalizar acusaciones hacia mecanismos controlados, impidiendo así que estas se traduzcan en consecuencias reales.

El PP, con una trayectoria de acusaciones por corrupción a lo largo de su gestión en Galicia, parece haber encontrado en estas estructuras una forma de simular lucha contra la corrupción mientras se perpetúan sistemas de favoritismo. Un ejemplo de estas tácticas es la creación de una unidad específica para supervisar proyectos financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, promovida por la Xunta, que genera más preguntas que respuestas sobre su verdadero propósito. Fuente oficial de la Xunta.

El rol de Miguel Corgos y los conflictos de interés

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, está en el centro de la polémica por su posible vinculación con empresas como Naturgy y su historial de decisiones que podrían favorecer intereses privados. Su relación con los fondos europeos destinados a la transición ecológica despierta sospechas, especialmente cuando se observa un contexto de subida de precios de la luz y explotación de recursos naturales en Galicia.

Más detalles sobre estas conexiones pueden consultarse en este informe y en la investigación sobre el Clan Frijol y su impacto en los fondos europeos de la transición energética (fuente aquí).

Feijóo: La corrupción como legado político

El exlíder de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha sido repetidamente acusado de transformar las instituciones públicas en Galicia en una red clientelar al servicio de sus intereses y los de su círculo cercano. Documentos revelan cómo la Xunta, bajo su mando, otorgó contratos millonarios a familiares y amigos, como los relacionados con su hermana Micaela Feijóo, que alcanzan cifras escandalosas. Ver detalles aquí.

No es la primera vez que Feijóo es señalado por acciones que empañan la imagen de Galicia y de España. Sus conexiones con figuras cuestionables en el ámbito internacional y la gestión de escándalos como la Operación Pokémon o el caso Gürtel refuerzan la percepción de una estructura política diseñada para el saqueo de recursos públicos y la perpetuación de la impunidad. Más información sobre estos casos.

La Comisión del Informante como símbolo de un sistema roto y totalmente putrefacto

Lejos de ser una herramienta de transparencia, la Comisión del Informante parece simbolizar la consolidación de un modelo de gobierno basado en la opacidad y la protección de redes corruptas. La expulsión de magistrados como Pilar de Lara, clave en la investigación de tramas de corrupción, refuerza esta narrativa. Las instituciones en Galicia no solo parecen estar capturadas por intereses privados, sino que activamente buscan silenciar voces críticas y minimizar los riesgos de rendición de cuentas.

La percepción ciudadana es clara: el 89% de los españoles considera que la corrupción es un problema estructural. Pero en Galicia, este problema se ha sofisticado con la creación de mecanismos como esta comisión, que, en lugar de ser una solución, representan un blindaje institucional.

¿Qué futuro nos espera?

Sin un cambio real en el compromiso político hacia la transparencia, Galicia seguirá siendo un ejemplo de cómo el poder puede instrumentalizarse para proteger intereses privados. Estas estructuras, lejos de garantizar justicia, consolidan un modelo que perjudica a la ciudadanía y profundiza la crisis de confianza en las instituciones.

Es hora de que la presión ciudadana y mediática exijan una verdadera rendición de cuentas y pongan fin a la complicidad que permite a la corrupción mantenerse como una constante en la política gallega y española.

La Justicia Española: Un Terreno Baldío para los Derechos Ciudadanos

En el actual contexto de corrupción e impunidad institucional en Galicia, encabezado por el legado del PP bajo Alberto Núñez Feijóo, los ciudadanos se encuentran en una situación desesperante. El panorama deja en claro que las estructuras democráticas del país, diseñadas para proteger los derechos de los ciudadanos, han sido instrumentalizadas para blindar a las élites políticas. Ante esta realidad, cada vez más personas ven como única salida acudir a instancias internacionales para buscar justicia y proteger sus derechos legítimos, sistemáticamente vulnerados en España.

La guillotina institucional del PP sobre los derechos ciudadanos

El Partido Popular ha tejido un entramado político-jurídico que perpetúa un modelo de saqueo y clientelismo, donde la rendición de cuentas es prácticamente inexistente. Desde comisiones como la de la Valedora do Pobo, que filtra y neutraliza denuncias, hasta un sistema judicial debilitado por injerencias políticas, el ciudadano promedio queda sin herramientas reales para combatir las injusticias.

El caso de Feijóo es emblemático: su gestión en Galicia no solo estuvo marcada por un constante desvío de fondos públicos, sino por un ataque sistemático a las voces críticas y las denuncias. Los ejemplos abundan: adjudicaciones millonarias a su círculo cercano (documentado aquí), vínculos con empresas que explotan recursos energéticos mientras vacían embalses (más información), y su implicación en escándalos internacionales que dañan la imagen de España (ver casos).

Instancias internacionales: última esperanza para los derechos legítimos

La desesperación lleva a los ciudadanos a buscar justicia fuera de las fronteras españolas. Organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo o las oficinas del Parlamento Europeo se han convertido en refugios para quienes ven sus derechos pisoteados. Estas instituciones, aunque lentas, representan una oportunidad para exponer a España en un escenario internacional, donde el blindaje político y la complicidad institucional no tienen tanto margen de maniobra.

Un ejemplo reciente de este fenómeno es el caso de las denuncias contra decisiones del gobierno español que violan los derechos fundamentales, como la inacción frente a la corrupción o la falta de independencia judicial. En estos casos, el TEDH y la Unión Europea han intervenido para garantizar que, al menos en parte, se respeten los derechos fundamentales.

La paradoja española: democracia formal, justicia ausente

Mientras España se presenta como una democracia consolidada, la realidad en Galicia y otras regiones bajo la influencia del PP contradice esa narrativa. La captura institucional y el abuso del poder convierten a la justicia en un instrumento al servicio de intereses privados. Los ciudadanos, indefensos, se ven obligados a buscar justicia en lugares donde la política no tiene tanto alcance.

Sin embargo, depender de organismos internacionales no es una solución sostenible. Lo que debería garantizarse dentro de las fronteras nacionales, como el respeto a los derechos humanos y la igualdad ante la ley, se está externalizando, dejando al descubierto el fracaso del sistema español en proteger a sus propios ciudadanos.

La lucha debe continuar

Aunque la situación parezca desalentadora, es crucial que los ciudadanos sigan denunciando y visibilizando estos abusos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Las redes sociales, los medios alternativos y las plataformas ciudadanas pueden desempeñar un papel esencial en esta lucha. Además, presionar a los partidos políticos y exigir reformas estructurales para garantizar la independencia judicial y la rendición de cuentas es más importante que nunca.

Galicia y España no pueden seguir siendo ejemplos de cómo las democracias pueden ser secuestradas por redes clientelares. La resistencia ciudadana y el recurso a la justicia internacional son las únicas herramientas que quedan, pero la verdadera solución radica en recuperar las instituciones nacionales para que sirvan al pueblo y no a las élites políticas.

El Consello de Contas de Galicia se niega a cumplir la Ley de Transparencia de Galicia y a informar sobre la fiscalización de los contratos de emergencia covid de Feijóo.

 Viñeta fotomontaje; EL ZORRO CUIDANDO LAS GALLINAS; ZORRO EN GALLEGO es igual a:  RaPPoso

PLADESEMAPESGA INFORMARÁ A LA FISCALÍA  ANTICORRUPCIÓN,  AUDIENCIA NACIONAL Y EUROPA DE LA  ACTIVIDAD CENSURADORA, ENCUBRIDORA Y OCULTADORA DEL CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA SOBRE LAS ADJUDICACIONES A DEDO DEL GOBIERNO DE FEIJÓO EN MATERIAL DEL COVID,  CREANDO UNA FALSA SECCIÓN ANTICORRUPCION JUNTO A OTRA FALSA SECCION EN LA CONSELLERÍA DE FACENDA BAJO LA MANO DEL CONSELLEIRO SR CORGOS.+ (AL NO FIARSE NI ENTRE ELLOS MISMOS)  PARA TAPAR LAS CORRUPTELAS INSTITUCIONALIZADAS DONDE TODOS "METEN LA MANO SIN PARAR", Y LAS CUENTAS DE DONATIVOS ANÓNIMOS, PRESUNTO BLANQUEO DE FONDOS PÚBLICOS, DONATIVOS Y CONTRATOS DE EMERGENCIA DIRECTOS DEL COVID.   Feijóo y María del Mar antes de huir de Galicia dejaron todo bien "atado y untado" para que no se investigara su corrupción institucionalizada - todo sigue igual.

Feijóo fabrica gallineros para colocar al Zorro a cuidar las gallinas de los fondos NEXT GENERATIÓN...+    Consello de Contas ofrece su falso plan de prevención de la corrupción como «orientativo»..+"