En Galicia, bajo el liderazgo del Partido Popular (PP), la sombra de la impunidad y la corrupción parece alargarse sobre la administración autonómica. Este panorama queda evidenciado por las maniobras del PP para obstaculizar la investigación parlamentaria sobre presuntos beneficios indebidos otorgados a familiares del ex presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el sobrecoste de grandes proyectos públicos, como el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Un Veto que Llega al Constitucional

La situación ha llegado al Tribunal Constitucional tras la presentación de un recurso de amparo por parte del Bloque Nacionalista Galego (BNG). La líder del BNG, Ana Pontón, denuncia que las tácticas del PP en la comisión parlamentaria, tales como vetos a comparecencias clave y la no entrega de documentación requerida, vulneran los derechos fundamentales de los diputados de la oposición. Según Pontón, el PP ha impedido el normal funcionamiento de la comisión con decisiones "autoritarias y antidemocráticas".

La Xunta se niega a entregar información al Parlamento de Galicia sobre los contratos y adjudicaciones a la hermana de Feijóo.

Entre las acciones más cuestionadas destaca la negativa a incluir en la investigación a Núñez Feijóo y su hermana, Micaela Núñez Feijóo, quien habría recibido contratos por valor de siete millones de euros en los últimos seis años. Estos contratos, otorgados presuntamente a dedo, son parte del foco de las indagaciones.

La Comisión de Investigación Bajo Control del PP

El papel de la actual vicepresidenta de la Cámara gallega, Elena Candia, como presidenta de la comisión de investigación, ha generado preocupación en la oposición. Candia, conocida por su cercanía a Feijóo, ha sido acusada de utilizar su posición para favorecer al PP y dificultar las labores de transparencia. La oposición denuncia la imposición unilateral de un plan de trabajo diseñado por el PP que excluye testimonios y documentos esenciales.

Además, se ha señalado la arbitrariedad en la selección de comparecientes y el uso restrictivo de los tiempos asignados para los debates. Todo ello, según el BNG, apunta a un objetivo claro: liquidar cuanto antes la comisión y minimizar el escrutinio público.

Una Larga Historia de Sombra y Sospecha

No es la primera vez que el entorno del PP en Galicia enfrenta acusaciones de obstaculizar investigaciones. La trayectoria de Candia ya generó controversia en el pasado, cuando surgieron denuncias anónimas que terminaron afectando al socialista José Ramón Gómez Besteiro. Aunque estas denuncias nunca prosperaron, contribuyeron a frenar su ascenso político, beneficiando indirectamente al PP.

La Lucha por la Transparencia

La judicialización de las trabas impuestas por el PP representa un intento del BNG de garantizar la rendición de cuentas. La oposición insiste en que la negativa del PP a cooperar demuestra que hay algo que ocultar. Ana Pontón subrayó que los contratos investigados representan solo la punta del iceberg de una gestión opaca que busca perpetuar la impunidad.

Conclusión

El caso pone de manifiesto las dificultades de las fuerzas políticas en Galicia para superar las barreras impuestas por un partido que controla tanto el Gobierno autonómico como el Parlamento gallego. A medida que el Tribunal Constitucional evalúa el recurso, la ciudadanía gallega observa con atención, esperando que prevalezcan la transparencia y el derecho a la verdad sobre las tácticas partidistas. La pregunta sigue siendo: ¿podrá la justicia romper el cerco de la impunidad?

La Secretaría de Medios que dirige Mar Sánchez Sierra condenada por atentado a la Libertad de Expresión..+

Descargar la sentencia; 

STSJ GAL 4327/2018 - ECLI:ES:TSJGAL:2018:4327 - Poder Judicial..+