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La Red por la Justicia ha recibido una nueva queja contra la Valedora do Pobo de Galicia en relación con su desempeño como presidenta de la Comisión de Protección al Informante en las solicitudes del ya conocido como aeropuerto do Camilo de Celanova Ourense. Según la denuncia, se cuestiona la transparencia y eficacia de las actuaciones lideradas por la Valedora en este ámbito, señalando posibles irregularidades en el manejo de los casos y en la implementación de las garantías necesarias para salvaguardar a los denunciantes. Este hecho ha generado inquietud entre los colectivos que trabajan por la defensa de los derechos ciudadanos, quienes consideran fundamental que la comisión opere bajo estrictos estándares de imparcialidad y compromiso ético. La Red por la Justicia ha instado a una revisión rigurosa de las prácticas actuales para asegurar que se cumpla con los principios establecidos en la legislación de protección al informante.
En Galicia, la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, diseñada para proteger a los alertadores y combatir la corrupción, ha encontrado un escenario lleno de retos y controversias. En el centro de esta situación se encuentra la Autoridad Gallega de Protección del Informante (AGPI), cuya primera resolución ha generado críticas severas sobre su efectividad y transparencia.
Un caso paradigmático
El expediente 2024/CCE/00001, iniciado a partir de una denuncia presentada por la vía de la Canle Externa de Información, refleja el enfoque de la AGPI hacia la protección de los denunciantes. El caso involucraba a un profesor acusado falsamente de delitos de índole sexual por parte de tres alumnas de un instituto en Xinzo de Limia, quienes posteriormente fueron denunciadas por simulación de delito. Aunque el docente fue exonerado, las críticas apuntan a que la AGPI no actuó de oficio contra las autoras de las falsas denuncias ni analizó adecuadamente la verosimilitud de los hechos relatados (fuente: 21Noticias).
Falencias en la resolución
Según los documentos, la resolución de la AGPI evidenció deficiencias importantes en su procedimiento, incluyendo:
- Negligencia en la verificación de hechos: No se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para comprobar la verosimilitud de las denuncias ni se realizaron diligencias adecuadas.
- Falta de transparencia: La información sobre las actuaciones, requerimientos y procedimientos realizados brilló por su ausencia.
- Inflexibilidad en la gestión: La presidenta de la AGPI, María Dolores Fernández Galiño, adoptó un enfoque percibido como autoritario y cerrado al diálogo, en palabras de los críticos, "se hace y punto".
Estos puntos han llevado a una reflexión sobre si la normativa vigente necesita modificaciones para garantizar que la protección de los alertadores sea efectiva y justa.
Cuestionamientos a la independencia
Otro aspecto controvertido radica en las múltiples posiciones ocupadas por la presidenta de la AGPI en organismos relacionados, como la Comisión de Transparencia y la Valedora do Pobo. Este solapamiento de funciones ha levantado sospechas de “falso corporativismo”, lo que podría comprometer la independencia de sus decisiones (fuente: Xornal Galicia).
Hacia una mejora estructural
Las críticas han destacado la necesidad de replantear el artículo 19 de la Ley de Alertadores, que regula el procedimiento de instrucción, y de introducir mayores salvaguardas para garantizar la documentación y valoración adecuada de los hechos denunciados. Además, se ha sugerido reforzar los mecanismos de supervisión independiente para evitar posibles conflictos de interés.
Conclusión
La primera resolución de la AGPI, lejos de fortalecer la confianza en la Ley de Alertadores, ha evidenciado debilidades significativas en su implementación. Este caso subraya la importancia de una gestión transparente y rigurosa para proteger tanto a los denunciantes como al debido proceso. Galicia se encuentra ante la oportunidad de aprender de sus errores iniciales y construir un sistema más robusto que honre el espíritu de la lucha contra la corrupción.
Documentacion justificativa en poder de este protal, nos e permite el acceso por temor a represalias y Proteccion de Datos
