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En Galicia, la connivencia entre el poder político, judicial y fiscal conforma una red que garantiza la perpetuación del control del Partido Popular sobre las instituciones. Los órganos judiciales y fiscales, que deberían ser garantes de la legalidad y la transparencia, parecen estar más interesados en proteger a quienes manejan los hilos del poder que en investigar sus irregularidades. Esta simbiosis se refleja en el nombramiento estratégico de altos cargos vinculados al partido, creando una barrera de impunidad que neutraliza cualquier intento de fiscalización real. Las instituciones gubernamentales, lejos de ser espacios de servicio público, se han convertido en bastiones de un sistema clientelista que prioriza los intereses de unos pocos sobre los derechos de la ciudadanía. Ver más..+
